Hoy me encuentro con la incómoda sensación de estar atrapado en un bucle temporal. Hace casi 25 años que vengo sosteniendo casi lo mismo, y sin embargo, aquí seguimos, como si nadie hubiera escuchado. O peor aún: como si hubiéramos escuchado y decidido hacer exactamente lo contrario.
Me refiero a esa tendencia, cada vez más naturalizada, de convertir a los menores en piezas centrales de los conflictos de sus progenitores, a veces utilizados como pelota, otras como ariete, otras…. Pero sobre todo esa práctica que disfrazamos de «darles voz» cuando en realidad estamos haciendo algo mucho más perverso: trasladarles una responsabilidad que nunca debieron cargar.
El espejismo de «dar voz»
Resulta curioso cómo hemos malinterpretado tan gravemente un concepto. Dar voz al menor no significa interrogarle sobre si quiere que el abuelo asista al acto de fin de curso, o preguntarle qué extraescolares prefiere cuando sabemos que esa preferencia está contaminada por el conflicto parental. Dar voz no es convertirles en árbitros de decisiones que corresponden a los adultos.
Cuando un juez tiene que decidir si un niño hace la Primera Comunión, si pertenece o no a una Cofradía, si va a una boda o …, no estamos ante un problema jurídico. Estamos ante un fracaso monumental de la parentalidad. Y sin embargo, ahí vamos, convocando al menor, escuchándole, tomando nota de sus palabras como si fueran la piedra angular sobre la que construir el auto judicial.
La mediación familiar: una oportunidad perdida
Con la llegada de la mediación familiar más profesional, creí – iluso de mí – que tendríamos una oportunidad histórica. Por fin, pensé, los padres podrían ejercer sus funciones parentales sin delegarlas en jueces, abogados o, peor aún, en sus propios hijos.
La mediación familiar ofrecía un espacio para que los adultos resolvieran sus desacuerdos como adultos. Un lugar para la gestión o resolución de conflictos, especialmente los familiares, fuera el «sitio» privilegiado del dialogo. Un lugar donde recordar que, más allá de sus diferencias, compartían una responsabilidad común: proteger a sus hijos del conflicto. Preservarles de tener que elegir bandos, de sentirse responsables de las decisiones, de cargar con culpas que no les corresponden.
Pero en algún momento del camino, algo se torció.
De proteger a instrumentalizar
En lugar de proteger a los menores del conflicto, hemos asistido a una deriva preocupante: los padres utilizan cada vez más a sus hijos como arietes contra el otro progenitor. Los convierten en mensajeros, en espías, en testigos de cargo. Les preguntan constantemente qué ha dicho mamá, qué ha hecho papá, dónde han ido, con quién estaban.
Y lo más devastador: muchos sistemas – abogados que buscan argumentos, algunos profesionales mal orientados, e incluso ciertos jueces – colaboran con esta dinámica. Se escucha al menor «a toda costa», como si su testimonio fuera neutral, como si sus palabras no estuvieran atravesadas por la lealtad, el miedo, la confusión o el simple deseo de que el conflicto termine.
El precio emocional
No somos conscientes del daño que produce esta práctica. O quizás sí lo somos, pero preferimos no verlo.
Los menores que son colocados sistemáticamente en medio del conflicto parental desarrollan problemas emocionales severos: ansiedad, sentimientos de culpa, dificultades para establecer vínculos seguros, problemas de identidad. Aprenden que el amor es condicional, que la lealtad se mide en declaraciones, que ellos son responsables de la felicidad o infelicidad de sus padres.
En definitiva, se les roba la infancia. Y, a veces, la adolescencia y más allá.
Una llamada a la cordura
Veinticinco años después, sigo creyendo en lo mismo: los adultos deben resolver sus conflictos sin involucrar a los menores. Los padres tienen la obligación – no el derecho, la obligación – de ejercer su función parental con madurez, de tomar decisiones conjuntas sobre sus hijos sin trasladarles el peso de esas decisiones. Es lo mismo que he planteado en ocasiones sobre los imperativos kantianos especialmente debemos recordar en estos momentos el imperativo categórico que nos llama a una orden moral incondicional. Nos exige actuar de acuerdo con máximas (reglas personales de acción) que podamos querer convertir en leyes universales, es decir, que deban aplicarse a cualquier persona, en cualquier situación y momento, sin excepción. El ejemplo clásico es: «Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal», lo que significa que antes de actuar debes imaginar que tu principio de acción se convirtiera en una norma universal válida para todos.
Y los profesionales – mediadores, abogados, jueces – tenemos la responsabilidad de no alimentar esta dinámica destructiva. Escuchar al menor cuando sea estrictamente necesario, sí. Proteger su interés superior, siempre. Pero nunca, jamás, convertirles en los protagonistas de un conflicto que no les pertenece.
Quizás en otros 25 años alguien más esté escribiendo este mismo texto. O quizás, solo quizás, hayamos aprendido la lección. Aunque, viendo el panorama actual, no sé si atreverme a ser tan optimista.
Los hijos no necesitan tener voz en el conflicto de sus padres. Necesitan que ese conflicto no exista, o al menos, que no les salpique. Esa sí sería una forma auténtica de proteger su interés superior.
